Por medio del derecho de acceso a la información, la población puede conocer los avances logrados en el cumplimiento de las 104 recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado de la ONU.
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La Secretaría de
Gobernación (Segob) deberá buscar y dar a conocer de manera detallada los
procesos, procedimientos, objetivos y resultados alcanzados, entre enero y
julio de 2019, respecto del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, instruyó el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el
asunto ante el Pleno, el Comisionado Joel Salas Suárez dijo que, por lo que
toca a personas defensoras de derechos humanos, entre enero de 2006 y diciembre
de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabilizó 40
homicidios, de los cuales, 15 corresponden a mujeres.
“Por otra parte, la
organización Artículo 19 estima que cada 17.4 horas se perpetra una agresión
contra periodistas, de las cuales, el 42.16 por ciento son cometidas por
funcionarios públicos, principalmente policías municipales. Hasta agosto de
este año asesinaron a 131 periodistas en México por posible relación con su
labor, 121 son hombres y 10 son mujeres”, expuso.
Salas Suárez recordó
que, tras su visita a México en abril de 2019, la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó
preocupación por esta situación e hizo un llamado para reforzar el Mecanismo de
Protección. En consecuencia, el gobierno federal le solicitó la elaboración de
un diagnóstico y éste le fue entregado el 26 de agosto pasado, con 104
recomendaciones.
¿Qué acciones
concretas llevará a cabo el gobierno federal para atender las 104
recomendaciones de fortalecimiento al Mecanismo de Protección? ¿Qué recursos
económicos y financieros se destinarán? ¿Habrá ajustes normativos e
institucionales? ¿Cómo se vincularán estas acciones con otras que atiendan las
causas estructurales de la violencia y la impunidad? ¿Hasta cuándo? Los
activistas y periodistas siempre preguntan, ahora es el turno de todas las
personas. No podemos dejarlos solos, enfatizó el Comisionado.
Defender derechos
humanos, así como manifestarse y expresarse libremente, ayuda a visibilizar
violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción, concientizar a la
población sobre ellas e informarla para que exija cuentas a las autoridades, apuntó
Joel Salas, al señalar que esa es la contribución de los defensores de derechos
humanos y los periodistas.
“En retribución, la
población en general puede abonar a que el Estado mexicano garantice la
seguridad de estas personas por medio del derecho de acceso a la información
sobre los avances logrados en el cumplimiento de las 104 recomendaciones
emitidas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, para fortalecer el Mecanismo de Protección”,
concluyó.
En respuesta al particular
que solicitó esa información, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección
de Prevención, Seguimiento y Análisis de la SEGOB, dio a conocer que el proceso
de seguimiento e implementación de medidas de protección se describe en los
artículos 93 a 95 del Reglamento de la Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El particular
presentó recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la
información entregada no corresponde con lo solicitado. En alegatos, la Segob reiteró
su respuesta original.
En el análisis del
caso, la ponencia del Comisionado Salas Suárez advirtió que la inconformidad del
particular resulta fundada, toda vez que
no pidió la normativa que regula las medidas de protección, sino que su interés
es acceder a los procesos, programaciones, objetivos y resultados alcanzados de
manera detallada, correspondiente a la Unidad de Evaluación de Riesgos, como lo
estipula el artículo 21, fracción III de la Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Por lo anterior, a
propuesta del Comisionado Joel Salas Suárez, el Pleno del INAI revocó la
respuesta de la Secretaría de Gobernación, a la que le instruyó a realizar una
búsqueda de la información y entregarla al particular.
Dicha búsqueda se deberá realizar en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección de Prevención, Seguimiento y Análisis, y la Dirección General Adjunta de Evaluación de Riesgos.
ARP