Desde que se aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia, en 2017, el número de deportaciones se había duplicado, y al menos 125 casos de expulsión habían sido impugnados.
Redacción
Tres comités de derechos humanos de la ONU celebran la decisión de Argentina de derogar un decreto que permitía la expulsión acelerada de migrantes en situación irregular o que tuvieran antecedentes sin el debido proceso.
Desde que se aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia, en 2017, el número de deportaciones se había duplicado, y al menos 125 casos de expulsión habían sido impugnados porque podían haber vulnerado el derecho a la unidad familiar.
La mayoría de los casos estaban relacionados con madres o abuelas que fueron separadas de sus hijos pequeños o nietos. Treinta y dos de los casos eran de madres solteras y muchas habían sido víctimas de violencia doméstica.
Los expertos consideran que el decreto violaba “el principio del debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa de los migrantes”; tenía “escasa o ninguna consideración” por los vínculos familiares y el interés superior del niño; y no ofrecía “el tiempo suficiente” para que Argentina examinara si los deportados podían ser torturados en el país al que se les enviaba.
La derogación del decreto, añaden, “no es sólo una forma de evitar que se ocasionen más daños a los migrantes y sus familias, sino también una forma de realinear las políticas migratorias del país con sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
