La Alta Comisionada dijo que el Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad.
Redacción
Que el Gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde que estallaron las protestas sociales hace casi tres años, ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones, afirma un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que fue presentado hoy en Ginebra.
El informe, que va del 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2020, expone las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades a las que se enfrentan los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos.
El documento describe cómo agentes de policía y elementos progubernamentales intimidaron a organizaciones de derechos humanos, grupos de mujeres y asociaciones de familiares de víctimas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU.
“Aunque me alienta ver que ha habido algunas señales recientes de apertura por parte del Gobierno en la colaboración con las agencias de la ONU en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y a la destrucción causada por los dos huracanes, lamento que las autoridades no hayan aceptado nuestras reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país”, dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos.
La Alta Comisionada dijo que el Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás.
