Auditoría detecta irregularidades en NAIM, Corte, Pemex, trenes, Issste…

Cuenta Pública 2018. El órgano superior de fiscalización entregó a la Cámara de Diputados la segunda de tres partes del informe, el cual incluye 668 revisiones al gobierno federal, entidades y municipios.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó ayer a la Cámara de Diputados la segunda de tres partes de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 con los resultados de 668 revisiones practicadas al gobierno federal, entidades y municipios.

Entre las observaciones del órgano superior de fiscalización, encabezado por David Colmenares, destacan las correspondientes al ya cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México en Texcoco —por un monto de mil 599 millones— por el incumplimiento del contrato de servicios relacionados con la obra, lo que representa 87 por ciento del gasto total de mil 822 millones ejercido ese año.

También observó probables irregularidades por 273.2 millones de pesos en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca por concepto de pagos indebidos, duplicidades, ajustes de costos y ejecución de actividades distintas al objeto de la contratación.

Mientras que el Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara tuvo observaciones por 315.4 millones con respecto al pago de gastos no recuperables, pago de precios no previstos en el catálogo original, dovelas con rupturas y despostillamientos, filtraciones en uniones y falta de mortero de relleno a lo largo del túnel.

El informe detectó que la deuda de Pemex mostró un crecimiento de 146.4 por ciento entre 2013 y 2018; además, expuso que el mayor endeudamiento surgió entre 2013 y 2014, cuando hubo un crecimiento de 35.9 por ciento. Detalló que entre 2012 y 2015 el precio del petróleo disminuyó 58 por ciento, al pasar de 102 dólares por barril a 43 dólares por barril:

“Esto significa que el incremento de la deuda ha sido inverso a la disminución del precio del barril de petróleo”.

Por lo que hace a la revisión del gasto federalizado ejercido por estados y municipios, las observaciones derivadas de 486 auditorías fue de 29 mil 615 millones de pesos, de los que 28 mil 862 millones representan un monto pendiente de aclarar y 753 millones de pesos por recuperaciones operadas.

“Del importe total observado, 44.8 por ciento —13 mil 270.3 millones de pesos— correspondió a fondos y programas del gasto federalizado programable; 52.2 por ciento —15 mil 471 millones— a las auditorías hechas al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, y 2.9 por ciento, a la distribución de las participaciones federales”.

Documentó asimismo que el Issste tuvo en 2018 una pérdida en su operación por 3 mil 981 millones de pesos, de los cuales 906 millones —equivalentes a 23 por ciento del total— correspondieron a la pérdida del Superissste.

En el IMSS se hizo la inspección a 99 ambulancias arrendadas en la zona metropolitana de Ciudad de México y como resultado se detectaron anomalías graves en todas las unidades: sin camillas o en mal estado (fija, móvil, marina), sin tanque de oxígeno, sin frasco de vacío, sirenas, torretas, luces en mal estado, llantas lisas y sin refacción.

Entre otras auditorías relevantes, enumeró Colmenares, está la practicada a la Lotería Nacional, que a su juicio “no cumplió con el objeto para el que fue creada, que es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo en el campo de la asistencia pública”, además de no contar con finanzas sanas y acumular al 31 de diciembre de 2018 un déficit de 6 mil 122 millones de pesos.

DETECTAN NEPOTISMO

La ASF detectó a centenas de familiares trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la gestión del ministro Luis María Aguilar como presidente del máximo tribunal. Aunque la Corte rechazó que exista algún “conflicto de interés”, dio a conocer que llevará a cabo una “adecuación a la normativa interna” para este tipo de casos.

Tan solo en la revisión de 101 expedientes, la Auditoría identificó 59 casos en los que trabajadores tienen parentesco en segundo grado (hermanos), según consta en la segunda entrega de Cuenta Pública 2018.

De acuerdo con el reporte del órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, de esos 59 casos, en 10, los hermanos encuentran adscritos a la misma área. Respecto a esa situación, la Corte aseguró que la normativa vigente no establece como requisito de ingreso informar si se tiene algún familiar laborando en la Corte ni “tampoco establece que deba requerirse a los servidores en activo una declaración sobre si tienen familiares laborando en algún órgano o área”.

También detectó deficiencias en la aplicación de los recursos a las cuotas diarias de apoyo a la Policía Federal, ya que se autorizaron 61 afectaciones presupuestarias que ampliaron los recursos de esa partida por 652 millones 71 mil 200 pesos, lo cual no estaba permitido.

Asimismo, se registraron recursos por 720 millones 242 mil 600 pesos; no obstante, que de acuerdo con la naturaleza del gasto correspondía el concepto a diversas partidas, lo que ocasionó que las cifras reportadas a la Cuenta de la Hacienda Pública no fueran reales.

Mientras que la ASF detalló que la PGR no garantizó una procuración de justicia eficaz, imparcial, transparente y expedita, porque en 2018 persistió el rezago de 14 mil 484 averiguaciones previas, predominó el no ejercicio de la acción penal, y la consignación fue mínima en el sistema de justicia penal tradicional.

En ese año, la PGR despachó 61 mil 969 (81.1 por ciento) y de éstas únicamente 966 (1.6 por ciento) se consignaron a los órganos jurisdiccionales, “por lo que se estimuló el abuso del no ejercicio de la acción penal a consecuencia de priorizar la rapidez antes de procurar que los delitos no quedaran impunes”.

Y ADEMÁS EXIGEN RESTITUIR FONDOS A SEGURIDAD

En protesta por los recortes al presupuesto federal destinado a seguridad e infraestructura en los municipios, alcaldes de diversas entidades y filiaciones partidistas se manifestaron al exterior de San Lázaro con ofrendas tradicionales del Día de Muertos para simbolizar “la muerte por inanición” de los ayuntamientos del país.

Encabezados por Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcóyotl, los alcaldes del Movimiento Nacional Municipalista demandaron restituir los fondos del Ramo 23 para obra pública y ampliar de 3 mil a 6 mil millones de pesos el Programa de Fortalecimiento para Seguridad en el Presupuesto 2020.

Fuente: Milenio.com