La Comisionada Román Vergara aseguró que es fundamental, para el desempeño de los órganos garantes, conocer las brechas que existen en el ejercicio del acceso a la información
Redacción
La Conmemoración por el Día Internacional del Acceso Universal a la Información permite hacer una revisión crítica respecto a las asignaturas pendientes para garantizar la protección y el pleno ejercicio de este derecho en los sectores vulnerables, planteó la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos personales (INAI), Josefina Román Vergara, durante la jornada de actividades en el marcodelDía Internacional de Acceso Universal a la Información.
“Nos permite reflexionar a todos los actores involucrados en la materia no solo sobre la importancia de este derecho humano y su impacto en la salud de las personas, sino que nos invita a realizar una revisión crítica respecto a las asignaturas pendientes para garantizar la protección y el pleno ejercicio de este derecho por parte de los sectores de mayor vulnerabilidad”, destacó.
Al moderar el panel “Acceso a la Información desde la perspectiva de los grupos vulnerables”, durante el evento organizado por el INAI y la UNESCO México, Román Vergara destacó que el acceso a la información es un derecho humano fundamental en un Estado democrático.
“Como derecho humano, el acceso a la información representa un pilar fundamental dentro de un Estado democrático que propicia la contraloría social, la rendición de cuentas responsable y el fomento a la participación ciudadana para el ejercicio de la buena gobernanza”, subrayó.
La Comisionada Román Vergara aseguró que es fundamental, para el desempeño de los órganos garantes, conocer las brechas que existen en el ejercicio del acceso a la información, por lo que es indispensable conocer la perspectiva desde la cooperación internacional, además de los retos detectados desde lo local, y las necesidades y exigencias de la sociedad civil.
En el evento coordinado por la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, también participó Jairo Acuña, Líder del equipo de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien planteó que “el valor que le damos a la información pública, es tan importante para la población en general, pero para los grupos vulnerables ésta se torna aún más relevante, por lo que los programas de cooperación y de apoyo tienen que identificar cómo estos grupos vulnerables por su misma condición de vulnerabilidad están siendo afectados por la deficiencia y calidad de la información que se les provee”.
Geraldina González de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), consideró fundamental garantizar el acceso a la información con perspectiva incluyente, tomando en cuenta a las personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, así como traducir la información a lenguas indígenas. “Me parece que es un espacio ahora de oportunidad para ya una vez que esta visibilizada la desigualdad reconstruir nuestra ciudadanía y nuestra comunidad con una perspectiva de inclusión”, destacó.
Lídice Rincón Gallardo, Presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, aseveró que las personas con discapacidad justamente por la falta de garantía a la no discriminación carecen de acceso a la información.
“Nosotros tendríamos que estar construyendo en este momento un set amplio de lo que es la solidaridad y la vinculación entre las instancias gubernamentales con las organizaciones de la sociedad civil para que pueda haber una coordinación y se pueda garantizar el derecho de toda persona a la información y a cualquier otro tipo de derecho como es el derecho a la no discriminación”, expresó.
Finalmente, Claudia Fabiola Medina Aguilar, Procuradora Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad de Colombia, compartió que, en atención a los derechos de las comunidades vulnerables, en su país se han traducido y difundido las leyes de transparencia y se han identificado las necesidades diferenciales. “Se lleva a cabo una medición formal del cumplimiento por parte de las entidades públicas y privadas que tienen obligaciones frente a la Ley de Transparencia de los criterios que establece la propia ley para garantizar el acceso a personas en situación de discapacidad y grupos étnicos”, indicó.
