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Ciudad de México.- Compartir fotografías, videos, audios o información relacionada con víctimas de un delito puede convertirse en una forma de revictimización. En México, la llamada Ley Ingrid busca evitar precisamente este tipo de prácticas.
El nombre surge a raíz del caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, cuyas imágenes fueron filtradas y difundidas públicamente. El caso provocó indignación y abrió un debate sobre la protección de las víctimas y el manejo de evidencias por parte de las autoridades.
La reforma al Código Penal Federal, aprobada por la Cámara de Diputados en 2022, incorporó sanciones para servidores públicos que, fuera de los supuestos permitidos por la ley, difundan, compartan, publiquen o comercialicen imágenes, videos, audios, documentos o información relacionada con una investigación penal y sus víctimas.
El objetivo central es proteger la dignidad, privacidad e identidad de las víctimas, así como evitar que la difusión de material de una investigación genere una segunda agresión para ellas o sus familias.
Aunque el término “Ley Ingrid” se utiliza de manera general para referirse a estas reformas, su aplicación depende del marco legal correspondiente y de las disposiciones vigentes en cada entidad.
CM
