La organización trabajará con los tres niveles de gobierno para capacitar constantemente a los elementos de seguridad privada, garantizando el respeto a los derechos humanos y el uso racional de la fuerza.
Juan Pablo Ramírez
La Unidad Empresarial de Seguridad Privada y Anexos (UESPAC) condenó la agresión sufrida por un padre de familia y sus dos hijos en la Isla de Angelópolis, Puebla, el pasado domingo 2 de febrero. La agresión ocurrió después de una disputa por un teléfono celular, cuando salían de un centro nocturno. El incidente fue protagonizado por elementos de seguridad privada, conocidos como “cadeneros”, quienes no pertenecen a ninguna empresa registrada y actuaron sin identificación ni uniforme visible.
Luis Miguel Mendoza, titular de UESPAC, señaló que los “cadeneros” deben ser parte de empresas formalmente establecidas para asegurar un servicio adecuado y profesional. Además, aclaró que los agresores no eran parte de ninguna asociación de seguridad privada registrada, lo que pone en evidencia una falta de regulación en el sector.
Mendoza aseguró que la organización colaborará con los tres niveles de gobierno para que todos los elementos de seguridad privada reciban capacitaciones constantes, lo que les permitirá operar conforme a la normativa vigente y garantizar el respeto a los derechos humanos. Se hará especial énfasis en temas como el uso racional de la fuerza, la preservación de la escena de los hechos y la correcta identificación de los empleados.
El director de UESPAC también exhortó a los propietarios de centros nocturnos y bares a contratar personal que esté debidamente registrado ante la Dirección General de Seguridad Pública y que haya aprobado su examen de control de confianza. Esta medida, según Mendoza, es esencial para evitar incidentes como el ocurrido el pasado fin de semana, así como otros similares registrados en meses anteriores en la ciudad y zona metropolitana.
De acuerdo con el Código Penal de Seguridad Pública, aquellos que presten servicios de seguridad sin el registro correspondiente incurren en el delito de usurpación de funciones. Actualmente, en Puebla existen 250 empresas registradas en el rubro de seguridad privada, pero un número similar de personas que laboran sin apego a la legalidad.
Finalmente, Mendoza informó que, como parte de las medidas para apoyar a los migrantes deportados de Estados Unidos, se abrirán hasta 400 plazas en el sector de seguridad privada. Los salarios de estos puestos oscilarán entre los 8,000 y 10,000 pesos mensuales. Esta iniciativa busca generar oportunidades laborales y ofrecer un camino de reintegración para los migrantes retornados.
