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Al cierre de 2023, en los ámbitos estatal y federal, la población privada de la libertad / internada se conformó por 233 mil 277 personas: INEGI

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El 94.3% eran hombres y el 5.7 % mujeres. Comparado con el año 2022, se registró un aumento del 3.2 % en el número de personas internadas.

Sicom Noticias

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal, revelando datos significativos sobre la población privada de la libertad y los recursos presupuestales destinados a los centros penitenciarios.

Al cierre de 2023, la población privada de la libertad en México se conformó por 233,277 personas, de las cuales el 94.3% eran hombres y el 5.7 % mujeres. Comparado con el año 2022, se registró un aumento del 3.2 % en el número de personas internadas. Cabe destacar que, en promedio, el 37.3 % de las personas privadas de la libertad en 2023 no contaban con una sentencia, siendo esta cifra mayor en mujeres (46.9 %) que en hombres (36.7 %).

Del total de la población sin sentencia, el 44.3 por ciento se encontraba en prisión preventiva oficiosa, el 32.5 por ciento en prisión preventiva justificada, el 3.5% en otro supuesto jurídico, y para el 19.7 por ciento no se identificó el tipo de estatus jurídico.

El censo también reveló datos sobre los recursos presupuestales. En 2023, los centros penitenciarios y centros especializados ejercieron un presupuesto total de 43,553,993,799 pesos, lo que representa una disminución del 8.1% en comparación con el año anterior.

En cuanto a la distribución de la población penitenciaria, de las 233,277 personas privadas de la libertad, 212,425 (91.1 %) correspondieron al ámbito estatal y 20,852 (8.9 %) al federal. La mayoría de las personas privadas de la libertad eran adultos (232,003), mientras que los adolescentes internados sumaban 1,274.

El objetivo del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios es proporcionar información detallada sobre la gestión y desempeño de los centros penitenciarios, tanto federales como estatales, y vincular estos datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el sistema penitenciario.

Los resultados del censo subrayan la necesidad de continuar evaluando y mejorando las condiciones del sistema penitenciario en México, asegurando una gestión eficiente y justa que respete los derechos humanos y contribuya a la reintegración social de las personas privadas de la libertad.