La Oficina reconoce la “necesidad urgente” de abordar la violencia, pero les “preocupa enormemente” que algunas de las medidas adoptadas puedan dar lugar a violaciones de los derechos humanos.
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La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por la militarización de la seguridad pública en Honduras, después de que el Gobierno haya prorrogado el estado de excepción.
El estado de excepción, vigente en 17 de los 18 departamentos de Honduras desde diciembre, permite a la policía militar apoyar a la policía nacional en tareas de seguridad pública y deroga derechos.
Tras la muerte de 46 mujeres en una prisión por enfrentamientos entre bandas, las autoridades anunciaron que el mando y el control del sistema penitenciario se transferían a la policía militar.
Desde entonces, según las informaciones iniciales, los reclusos presuntamente asociados con pandillas han sido golpeados y pateados por la policía militar, sometidos a privación de sueño y se les ha racionado la comida y el agua, acciones que pueden constituir malos tratos.
“Instamos a las autoridades a que garanticen que existe una supervisión interna y externa de las operaciones militares en las prisiones, así como del mando y control militar del sistema penitenciario, para evitar violaciones de derechos humanos. Las denuncias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza deben ser investigadas con prontitud, dijo la portavoz Marta Hurtado.
La Oficina reconoce la “necesidad urgente” de abordar la violencia, pero les “preocupa enormemente” que algunas de las medidas adoptadas puedan dar lugar a violaciones de los derechos humanos.
Por ello, recuerdan que el uso de los estados de excepción “debe ser excepcional, limitado en el tiempo y restringido a lo estrictamente necesario”, y que el sistema penitenciario debe estar bajo control civil.
