Dijeron estar particularmente alarmados por las disposiciones que dan al Gobierno un amplio margen para controlar las ONG, supervisar su financiación y, en algunas circunstancias, incluso disolverlas.
Redacción
La controvertida nueva ley de Guatemala relativa a organizaciones no gubernamentales viola los estándares internacionales de derechos humanos y podría criminalizar a sus defensores y a la sociedad civil en general, dijeron expertos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA)*.
“Los cambios introducidos por esta ley corren el riesgo de asfixiar el trabajo vital de la sociedad civil”, según cuatro relatores de derechos humanos de ambos organismos.
Dijeron estar particularmente alarmados por las disposiciones que dan al Gobierno un amplio margen para controlar las ONG, supervisar su financiación y, en algunas circunstancias, incluso disolverlas.
“Estas disposiciones abren la puerta a poner límites arbitrarios a las actividades de las ONG y podrían potencialmente utilizarse para criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general”.
La ley guatemalteca, introducida por primera vez en febrero de 2020, entró en vigor el 21 de junio de este año, después de que la Corte Constitucional anulara las impugnaciones que se presentaron.
