El informe Desarrollo Sostenible 2022 revela que el 15 por ciento de las empresas de todo el mundo, una de cada siete empresas, se han enfrentado a peticiones de sobornos por parte de funcionarios públicos.
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Durante una sesión informativa sobre la nueva visión del estado de derecho, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que, según las estimaciones, 250 millones de personas viven “en condiciones extremas de injusticia, privadas de cualquier protección significativa de la ley”.
Volker Türk recordó que la justicia es vital para la paz, para un contrato social justo y duradero y para el desarrollo sostenible.
“Esta relación entrelazada se refleja en la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que compromete a los Estados a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, expresó.
Sin embargo, el Objetivo 16 “no va por buen camino”, señaló el Alto Comisionado. La Oficina de Derechos Humanos calcula que 4 mil 500 millones de personas, el 60 % de los habitantes del planeta, están excluidas de la protección social, económica y política y de las oportunidades que la ley debería proporcionar.
Además, el informe Desarrollo Sostenible 2022 revela que el 15 por ciento de las empresas de todo el mundo, una de cada siete empresas, se han enfrentado a peticiones de sobornos por parte de funcionarios públicos.
“La corrupción en el poder judicial, por su parte, socava gravemente la legitimidad y la confianza en el sistema judicial, un principio básico del estado de derecho”, declaró Türk.
Para hacer frente a la situación, el Alto Comisionado aboga por una financiación mundial adecuada para la consecución del Objetivo 16, más información sobre sus indicadores y una mayor prioridad al cumplimiento de sus compromisos.
